El viernes 12 de julio, el Subprocurador General Makan Delrahim anunció que el Departamento de Justicia (DOJ) presentaría una nueva política de la División Antimonopolio para incentivar el cumplimiento de las leyes antimonopolio. Por primera vez en la historia del DOJ, esta nueva política reconoce los esfuerzos de las compañías que invierten en programas sólidos de cumplimiento y establece que la División considerará dicho cumplimiento en la etapa de imposición de cargos en sus investigaciones por violaciones antimonopolio.
Anteriormente, el Manual de Justicia expresaba la política de la División Antimonopolio “que no se debe otorgar crédito en la etapa de cobro por un programa de cumplimiento”. Este texto ha sido eliminado y la División Antimonopolio ha actualizado su Manual. Ahora, al determinar cómo resolver los cargos penales contra una corporación, un factor que los fiscales deben tener en cuenta es “la idoneidad y la eficacia del programa de cumplimiento de la corporación en el momento de la ofensa, así como en el momento de la decisión de cobro”.
La División también publicó un documento de orientación que se enfoca en evaluar los programas de cumplimiento en el contexto de violaciones criminales. El objetivo de la guía es proporcionar transparencia con respecto al análisis de cumplimiento de la División y contiene dos secciones: una que evalúa los programas de cumplimiento antimonopolio en la etapa de cobro, y la otra que evalúa las consideraciones de cumplimiento antimonopolio en la sentencia. En la etapa de imposición, la guía dirige a los fiscales a preguntar: 1) si el programa de cumplimiento de la compañía aborda y prohíbe las violaciones criminales antimonopolio; 2) si el programa de cumplimiento antimonopolio detecta y facilita la notificación rápida de violaciones; y 3) en qué medida la alta gerencia de la empresa estuvo involucrada en la violación. Durante la sentencia, la guía instruye a los fiscales a evaluar si deben recomendar reducciones de la sentencia en función del programa de cumplimiento antimonopolio efectivo de la empresa.
Fuente: Wall Street Journal, National Law Review
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