A finales de la semana pasada, los ciudadanos de Reino Unido optaron por dejar la Unión Europea, obligando a Gran Bretaña a negociar nuevos acuerdos comerciales con sus vecinos continentales. Reino Unido deberá redactar nuevas leyes para reemplazar las directrices de la UE con respecto a la fusión de empresas, la regulación de cárteles y los monopolios.
A partir de ahora, la aplicación de los principios de competencia será la responsabilidad de la Autoridad de Competencia y Mercados (Competition and Markets Authority, CMA), la cual aplicará únicamente la ley británica. En el caso de casos de cartelización o abuso de dominio dejará de existir una “ventanilla única” para las empresas, que deberán responder por separado ante las autoridades europeas y británicas, incrementando los costos y obstáculos burocráticos.
Existe la posibilidad de que las transacciones financieras deban ser notificadas por separado ante ambas autoridades, tanto europea como británica. La actividad comercial, como las fusiones empresariales y operaciones conjuntas, deberán ser revisadas bajo las reglas de ambas jurisdicciones, examinando el impacto en cada una. Esto implicaría dos periodos de revisión y posibles remedios distintos para cada autoridad.
En cuanto a las fusiones, las reglas británicas ya siguen un modelo muy cercano a sus reglas equivalentes en la UE. Sin embargo, una vez que la ley británica quede desligada de su similar en el continente, es probable que ambas leyes terminen por alejarse. Al dejar de ser una ley superior, las decisiones tomadas por Bruselas ya no serían obligatorias para las autoridades de Reino Unido. De igual manera, los casos resueltos en tribunales europeos no sentarían un precedente. Así, una fusión importante con impacto sobre mercados en Europa y Reino Unido tendría que someterse a dos revisiones distintas: en Bruselas y en Londres.
“Si Gran Bretaña deja la unión, en algún momento toda fusión importante que revise la Comisión Europea deberá pasar también por Reino Unido”, declaró Fingleton, director de la Oficina de Comercio Justo. “Esto va a ser algo complicado para los negocios.”
Las empresas deberán pagar más por sus abogados y asesores, dijo, previendo un “riesgo adicional” por los tiempos involucrados en la revisión de dichas operaciones, que podrían suponer un costo significativo para ambas partes.
Fuente: Antitrust Law Blog
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